EXPERTOS EN MANIPULACIÓN MENTAL
LAICIDAD // LAICISMO
La mayor derrota que
hemos sufrido los defensores de la vida, la familia, la libertad de enseñanza,
la libertad religiosa, …en la historia reciente ha sido la del lenguaje. Los teóricos de la
izquierda neomarxistas tomaron lecciones de verdaderos expertos en psicología
humana y la manipulación mental. Las ideas viajan las palabras. Quien domina las palabras, domina el
pensamiento. Es conveniente abordar y definir los alcances de la laicidad estatal ante la actual realidad sociopolítica, para despejar dudas fundamentales respecto a la laicidad del Estado. Y hacerlo utilizando técnicas de repetición, como lo hacen los defensores del laicismo.
Quien domina las palabras, domina el
pensamiento.
El 4 de diciembre 2006, el PSOE hizo
público un manifiesto sobre Constitución y laicidad, que a juicio del entonces arzobispo de Pamplona. y obispo de Tudela " contiene confusiones importantes y esconde una concepción de la vida politica injusta con la religión y excesivamente autoritaria." Un texto además, que con apariencias laudatorias desplaza el valor y el verdadero sentido de la Constitución", agregaba.
Os dejo con el
análisis del arzobispo de Pamplona, que facilita un estudio serio y objetivo.
Monseñor Sebastián afirma que el manifiesto del PSOE contiene "confusiones importantes" y no está bien elaborado
El
arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Fernando Sebastián, indica
hoy que el manifiesto del PSOE sobre Constitución y laicidad no le
parece,"con los debidos respetos", un texto bien elaborado. A su juicio,
"contiene confusiones importantes y esconde una concepción de la vida
política injusta con la religión y excesivamente autoritaria". "Un
texto, además, que con apariencias laudatorias desplaza el valor y el
verdadero sentido de la Constitución", agrega.
Leer más: https://www.europapress.es/navarra/noticia-monsenor-sebastian-afirma-manifiesto-psoe-contiene-confusiones-importantes-no-bien-elaborado-20061209120228.html
(c) 2026 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y
la redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento.
Monseñor Sebastián afirma que el manifiesto del PSOE contiene "confusiones importantes" y no está bien elaborado
El
arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Fernando Sebastián, indica
hoy que el manifiesto del PSOE sobre Constitución y laicidad no le
parece,"con los debidos respetos", un texto bien elaborado. A su juicio,
"contiene confusiones importantes y esconde una concepción de la vida
política injusta con la religión y excesivamente autoritaria". "Un
texto, además, que con apariencias laudatorias desplaza el valor y el
verdadero sentido de la Constitución", agrega.
Leer más: https://www.europapress.es/navarra/noticia-monsenor-sebastian-afirma-manifiesto-psoe-contiene-confusiones-importantes-no-bien-elaborado-20061209120228.html
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1º. Conviene reconocer desde el principio que es bueno
poder contar con textos como éste, en el que aparece manifiestamente el
pensamiento de quienes tienen especial responsabilidad en la vida pública. Esta
es la forma de poner en claro las ideas de cada uno y de facilitar un debate
público, serio y objetivo.
" Es bueno
poder contar con textos como éste"
2º. El Manifiesto organiza su argumentación en torno
al concepto de laicidad. Lo primero que llama la atención es que a lo largo del
texto no se encuentra ninguna definición de este concepto. La lectura atenta
del mismo deja la impresión de que se confunde laicidad con laicismo. En todo
caso, para avanzar en el diálogo tendríamos que ponernos de acuerdo en el
significado de cada una de estas dos palabras. Para los católicos, normalmente,
laicidad del Estado y de las instituciones políticas significa neutralidad ante
las diferentes preferencias religiosas de los ciudadanos. El Estado reconoce el
derecho a la libertad religiosa de los ciudadanos y favorece su ejercicio, sin
hacer suya ninguna religión en concreto ni discriminar a ningún grupo por
razones religiosas. Entendida así, laicidad equivale a lo que podríamos llamar
neutralidad religiosa positiva. Este concepto de laicidad ha sido expresamente
aceptado por el magisterio reciente de la Iglesia y forma parte de la visión de
la democracia hoy dominante en los ambientes católicos. En cambio, cuando
hablamos de laicismo entendemos aquella actitud por la que el Estado no
reconoce la vida religiosa de los ciudadanos como un bien positivo que forma
parte del bien común de los ciudadanos, que debe ser protegido por los poderes
públicos, sino que la considera más bien como una actividad peligrosa para la
convivencia, que debe por tanto ser ignorada, marginada y aun políticamente
reprimida.
Para avanzar en el diálogo tendríamos que ponernos de acuerdo en el
significado de cada una de estas dos palabras.
3º. Si estos conceptos se aclarasen, podríamos estar
de acuerdo en que la laicidad, rectamente entendida y ejercida, es garantía de
libertad, igualdad y convivencia. La confusión de conceptos aparece cuando se
recurre a un ”mínimo común ético constitucionalmente consagrado”, que se
presenta como fruto de la voluntad y soberanía de la ciudadanía, al que se
atribuye un valor supremo y definitivo, sin sujeción a “ningún orden
preestablecido de rango superior”. Lo sorprendente es que, cuando se quiere
describir este “mínimo común ético”, no se hace a partir del texto
constitucional ni de las convicciones o ideales morales de los ciudadanos que,
en ejercicio de su soberanía, lo elaboraron, aprobaron y promulgaron, sino que
es presentado en nombre de una concepción ideológica y laicista sobreañadida al
texto constitucional e impuesta gratuitamente al conjunto de la población.
La confusión de conceptos aparece cuando se
recurre a un ”mínimo común ético constitucionalmente consagrado”, que se
presenta como fruto de la voluntad y soberanía de la ciudadanía, al que se
atribuye un valor supremo y definitivo, sin sujeción a “ningún orden
preestablecido de rango superior”
4º. A mi juicio, el defecto del raciocinio aparece
cuando se intenta explicar la visión de conjunto. Los autores del Manifiesto
quieren resolver el problema que la pluralidad cultural de los ciudadanos puede
suponer para la convivencia. No hay duda de que es un fin bueno e importante.
El error está en que, en vez de entender el ejercicio de la autoridad como un
servicio al bien común de los ciudadanos, incluido el ejercicio de la libertad
religiosa según sus convicciones religiosas y morales, se da por supuesto que
las religiones no pueden proporcionar un conjunto de convicciones morales
comunes capaces de fundamentar la convivencia en la pluralidad, sino que son más
bien fuente de intolerancia y de dificultades para la pacífica convivencia. Por
lo cual, para evitar los conflictos previsibles, es preciso recluirlas a la
vida privada y sustituirlas en el orden de lo social y de lo público por un
conjunto de valores denominados “señas de identidad del Estado Social y de
Derecho Democrático”, sin referencia religiosa alguna, impuestos desde el poder
político, a los que se concede el valor de última referencia moral en la vida
pública. En este contexto, descartadas las convicciones religiosas y morales de
los ciudadanos como inspiradoras de la convivencia, corresponde al poder
político configurar la nueva conciencia de los ciudadanos en sustitución de su
conciencia religiosa y moral, por lo menos en lo concerniente a la vida social
y política.
" Cualquier religión, vivida auténticamente, no es fundamentalista.
Porque Dios no es fundamentalista." Fernando Sebatián
5º. En esta manera de razonar se oculta una visión
empobrecida y desfigurada de la religión. Se da por supuesto que la conciencia
moral fundada en la religión no es capaz de fomentar la convivencia en la
pluralidad, por lo que la diferencia de religiones se ve como un peligro para
la convivencia democrática. El Manifiesto dice: “Los fundamentalismos
monoteístas y religiosos siembran fronteras entre los ciudadanos”. ¿Se quiere
decir con ello que los monoteísmos y las religiones en general son siempre
fundamentalistas? Porque si fuera de otro modo no valdría el argumento.
Nosotros pensamos que, al menos en lo que se refiere a la religión cristiana y
católica, esta manera de ver las cosas no responde a la realidad y resulta
objetivamente ofensiva. Fe cristiana y fundamentalismo son dos cosas distintas.
Más todavía, cualquier religión, vivida auténticamente, no es fundamentalista.
Porque Dios no es fundamentalista. El fundamentalismo implica intolerancia, se
vista de monoteísmo o de laicismo. Los católicos entendemos las cosas de otra
manera. Basta leer algunos documentos del Concilio Vaticano II, algún resumen
reciente de la Doctrina Social de la Iglesia o los documentos pertinentes de la
Conferencia Episcopal Española. En el proceso político la realidad original son
los ciudadanos, como sujetos libres, a la vez personales y sociales. Son ellos
quienes libremente y según su manera de entender las cosas, se dan unas normas
para regular su convivencia. Ellos construyen un sistema de convivencia según
sus propias convicciones, culturales, religiosas, sociales y morales, como
fruto de su voluntad de convivencia, que queda garantizada por las leyes y en
último término por la conciencia moral de los ciudadanos y de los gobernantes.
En consecuencia, quienes administran los bienes comunes y protegen el bien
común de la convivencia tienen que interpretar los textos jurídicos y ejercer
el poder de acuerdo con los textos aprobados, y en último término con las
convicciones y los intereses de los ciudadanos que organizaron la convivencia
para el bien de todos. No hay ninguna necesidad de que los poderes políticos
impongan otro código moral ideológico, ajeno a los ciudadanos, por lo menos a
buena parte de ellos, en sustitución de sus convicciones religiosas y morales,
puesto que son estas mismas convicciones las que respaldan y garantizan el
sentido vinculante de las normas comunes de convivencia. Quien conozca de cerca
la versión actual de la moral social de la Iglesia, verá fácilmente que los
cristianos no necesitamos prescindir de nuestra fe y nuestros criterios morales
para tener un sentido tolerante y democrático de la convivencia. La proyección
del amor al prójimo, norma suprema de nuestra conducta moral, al campo de las
realidades políticas, es base suficiente y firme para fundamentar las
necesarias actitudes de justicia, tolerancia y solidaridad. La dimensión social
y política de la fe y de la caridad es esencial para nosotros. La fe en Dios
descubre unas dimensiones nuevas de la vida personal y suscita un ideal de vida
que abarca la totalidad de la vida personal, en su realidad más íntima, en las
relaciones interpersonales y en toda clase de actuaciones. Es más, la veracidad
del amor a Dios se comprueba por la sinceridad y efectividad del amor al prójimo.
No hay ninguna necesidad de que los poderes políticos
impongan otro código moral ideológico, ajeno a los ciudadanos, por lo menos a
buena parte de ellos, en sustitución de sus convicciones religiosas y morales,
puesto que son estas mismas convicciones las que respaldan y garantizan el
sentido vinculante de las normas comunes de convivencia.
6º. Esta proyección social y política de la fe y de la
caridad es capaz de sustentar un orden democrático de convivencia en una
sociedad libre y pluralista, con tal de que las religiones, asumidas libremente
por los ciudadanos, adopten entre sí una posición respetuosa y tolerante y sean
capaces de ampliar estas mismas actitudes hacia los sectores laicos no
religiosos. Así es como nos situamos los cristianos. Por eso no podemos aceptar
como justo el intento de recluir nuestras convicciones religiosas al ámbito de
la vida privada, para imponernos como base y condición para la convivencia
democrática unos valores y una interpretación de los textos constitucionales
que eliminan nuestra visión religiosa de la vida y la manera de entender el
bien común de quienes formamos parte de la sociedad. La convivencia en una
sociedad religiosa y culturalmente plural no necesita un apoyo exterior a las
religiones, impuesto autoritariamente desde fuera; basta con que los ciudadanos
encuentren en sus respectivas conciencias religiosas fundamentos eficaces para
el respeto a la libertad de los demás, actitudes claras y abiertas de
tolerancia y colaboración. Según esta manera de ver las cosas, la laicidad del
Estado consistirá en que el poder político respete y favorezca por igual el
desarrollo de cada religión y de la visión laica de la vida, de forma
proporcionada a su implantación y significación social, sin discriminar ni
privilegiar a ninguna de ellas, dejando que cada grupo viva tranquilo según sus
propias convicciones y valores. Si hay dificultades para fundamentar la
convivencia, los poderes políticos tendrán que exigir a los líderes y
responsables de cada grupo el desarrollo de esta conciencia de convivencia y
tolerancia entre sus miembros. Lógicamente esto supone que tanto los ciudadanos
religiosos como los laicos quieran convivir pacíficamente, supone también que
las religiones sean capaces de desarrollar unos criterios morales capaces de
fundamentar la convivencia con otras religiones y con los que no tienen ninguna
religión. Como requiere también que los laicos reconozcan a la religión en
general, y a cada una de las religiones presentes, como elementos positivos de
la convivencia, sin alimentar sospechas ni reticencias respecto de su capacidad
de fundamentar un comportamiento tolerante y democrático. Desde el año 1971 la
Iglesia española ha seguido en este punto un itinerario intachable. Si en la
nueva situación de pluralismo religioso incipiente, favorecido por el
crecimiento de la inmigración en estos últimos años, aparecen dificultades,
tendremos que hacer todos, autóctonos y recién llegados, un esfuerzo de
adaptación a la nueva situación.
La laicidad del
Estado consistirá en que el poder político respete y favorezca por igual el
desarrollo de cada religión y de la visión laica de la vida, de forma
proporcionada a su implantación y significación social, sin discriminar ni
privilegiar a ninguna de ellas, dejando que cada grupo viva tranquilo según sus
propias convicciones y valores.
7º. Es posible que los autores del Manifiesto piensen
de otra manera y tengan la convicción de que las ideas religiosas son incapaces
de fundamentar un comportamiento social aceptable. Tal manera de pensar se
manifiesta cuando dicen, p.e., que sin la laicidad no hubieran podido ser
consideradas como delitos algunas prácticas rechazables, como la ablación o la
violencia familiar. Así se explica también que el texto entienda el concepto de
laicidad como un verdadero laicismo, que no se conforma con la neutralidad
religiosa del Estado, sino que lleva a desplazar las ideas religiosas y
sustituirlas por otros valores sin referencia religiosa alguna. Estos valores,
entendidos de manera absoluta, sin referencia a un orden moral objetivo, pueden
ser interpretados como convenga en cada caso, hasta reconocer como verdaderos
derechos algunas prácticas incompatibles con principios morales fundados en la
recta razón y recogidos en la Constitución, tal es el caso, p.e., de la
legitimación del aborto, la producción y destrucción de embriones humanos con
fines interesados, el reconocimiento de los pactos de convivencia entre
personas del mismo sexo como verdadero matrimonio, etc. Tales cosas no son
fruto de la laicidad sino de la supresión de criterios verdaderamente morales
en el ordenamiento de la vida pública y en el ejercicio de la autoridad. El
futuro no está en un laicismo obligatorio, sino en el diálogo honesto y sincero
de las religiones entre sí y con los sectores laicos.
Estos valores,
entendidos de manera absoluta, sin referencia a un orden moral objetivo, pueden
ser interpretados como convenga en cada caso, hasta reconocer como verdaderos
derechos algunas prácticas incompatibles con principios morales fundados en la
recta razón y recogidos en la Constitución, tal es el caso, p.e., de la
legitimación del aborto, la producción y destrucción de embriones humanos con
fines interesados, el reconocimiento de los pactos de convivencia entre
personas del mismo sexo como verdadero matrimonio, etc.
8º. El protagonismo reconocido en el Manifiesto a los
valores laicos de ciudadanía y convivencia, no solamente desplaza la influencia
ética de las religiones, sino que se impone incluso sobre el sentido más obvio
del texto constitucional. Varias expresiones del Manifiesto hacen pensar que
sus autores argumentan más desde una ideología laicista, previa al texto
constitucional, que a partir del texto objetivo de la Constitución de 1978. De
otro modo no se explica la innecesaria equiparación de la Constitución de 1931
con la de 1978 como muestra de la “más alta plasmación” de la vida democrática
del pueblo español. Da la impresión de que se quiere presentar la Constitución
de 1931 como complemento y referencia interpretativa de la Constitución
actualmente vigente. ¿Es que el ejercicio de la soberanía de la nación española
que sustenta el texto constitucional de 1978 no fue suficiente? ¿No fue, al
menos, tan pleno y eficaz como el de 1931? En el Manifiesto se presenta la
laicidad como un principio esencial de la Constitución actual, pero este
término no aparece en el texto constitucional, aunque sí esté presente esta
idea con expresiones equivalentes. Se pretende definir las relaciones de las
instituciones políticas con las religiones y con la Iglesia católica sin hacer
la menor referencia al art. 16 de la Constitución vigente. Y se quiere también
describir la naturaleza y la función social de la educación sin tener en cuenta
ni aludir siquiera al art. 27 de nuestra Constitución.
Y se quiere también
describir la naturaleza y la función social de la educación sin tener en cuenta
ni aludir siquiera al art. 27 de nuestra Constitución.
9º. Finalmente, el ritmo y la estructura del texto
hacen pensar que está elaborado para justificar la existencia y la imposición
de la nueva asignatura “Educación para ciudadanía”. Se dice que los poderes
políticos tienen que contribuir a formar las conciencias de acuerdo con el
“mínimo común ético constitucional”. Reconocer al poder político como legítimo
formador de las conciencias de los ciudadanos puede ser una afirmación
peligrosa. El recurso a ese mínimo ético constitucional implica algo que no se
dice, que es la facultad de interpretar el sentido de esos principios éticos
que se reconoce al poder político. Sin respetar los principios morales de los
ciudadanos, ni siquiera el sentido evidente del texto constitucional. En
cambio, una visión verdaderamente democrática de la cuestión obliga al poder
político a respetar las convicciones religiosas y morales de los ciudadanos sin
obligarnos a someter nuestra conciencia a los criterios o a las opiniones
personales de los gobernantes. El texto afirma que el sistema educativo
constitucional no prevé una “educación neutral”, sino que intenta “trasmitir y
promocionar” el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los
derechos y libertades necesarios para consolidar el régimen constitucional y la
convivencia de todos. Contra esta manera de pensar decimos que “los principios
democráticos de convivencia” nacen de las convicciones morales de los
ciudadanos que inspiraron el texto de la Constitución. En consecuencia, estos
principios sobre los que se apoya la convivencia no pueden ser interpretados
por el poder político desde otros principios añadidos y sobrepuestos al texto
constitucional, sino que deben ser interpretados respetando las convicciones
religiosas y morales de los ciudadanos y la consecuente y primaria
responsabilidad educativa de los padres (artículos 16 y 27, 2 y 6). En
consonancia con esto hay que decir que la Constitución de 1978 no tiene por qué
ser interpretada desde la de 1931. Ésta sí era laica, y laicista. La actual no.
Al final del recorrido se ve el valor esencial que en los proyectos del
gobierno tiene la asignatura de “Educación para la ciudadanía”. Si las
religiones no son capaces de fundamentar la convivencia “porque siembran
fronteras entre los ciudadanos”, el gobierno tiene que mentalizar a las nuevas
generaciones con otros principios morales no religiosos “para consolidar y
perpetuar la vigencia del propio régimen constitucional y la convivencia de
todos”. Uno no puede menos de preguntarse si esta manera de entender las cosas
puede tener cabida en una mentalidad verdaderamente democrática.
Reconocer al poder político como legítimo
formador de las conciencias de los ciudadanos puede ser una afirmación
peligrosa
10º. Este rápido análisis muestra que el debate entre
laicistas y cristianos no es un debate banal, sino que afecta a graves
cuestiones de antropología, como la concepción de la libertad, el origen de los
principios morales y en último lugar la existencia o no existencia de un
Principio superior, que se hace presente en la historia humana, y que es a la
vez autor de la vida y fundamento de la libertad y de la conciencia del hombre.
Esto es precisamente lo que los cristianos reconocemos, con una inmensa
gratitud, en Jesucristo, aceptado y adorado como Hijo de Dios hecho hombre,
muerto y resucitado, Señor y Salvador del mundo y de la historia. A pesar de
todo, los católicos pensamos que laicos o laicistas y católicos podemos
convivir pacíficamente, como podemos también convivir fieles de distintas
religiones, a partir del respeto a los derechos y obligaciones fundamentales
derivados del reconocimiento del valor absoluto de la persona en una sociedad
de hombres libres. Esta convivencia requiere un conjunto de convicciones
comunes respetadas por todos, clarificado y enriquecido mediante el diálogo
constante, sin necesidad de excluir las ideas religiosas del patrimonio
cultural y social de la sociedad en la cual estamos todos integrados. Los
ciudadanos católicos podemos decir a un gobierno realmente laico: déjennos ser
católicos con todas las consecuencias, más todavía, ayúdennos a ser buenos
católicos, porque de nuestra catolicidad nacen para nosotros los fundamentos de
una sólida ciudadanía, abierta y sincera, que estamos dispuestos a compartir
con los demás grupos, en un esfuerzo constante por construir y actualizar un
patrimonio común respetuoso con las convicciones de todos.
11º. En resumen, el Manifiesto con el que los
socialistas han querido conmemorar el XXVIIIº aniversario de la Constitución
nos ofrece la posibilidad de un diálogo riguroso y sereno. Por el momento, con
los debidos respetos, no me parece un texto bien elaborado, contiene
confusiones importantes y esconde una concepción de la vida política injusta
con la religión y excesivamente autoritaria. Un texto, además, que, con
apariencias laudatorias desplaza el valor y el verdadero sentido de la
Constitución. Me gustaría que alguien me convenciera de lo contrario.
