“Si gana, el PSOE aplicará el modelo educativo de Maragall
“El modelo educativo del gobierno tripartito que preside Pascual Maragall es el modelo del PSOE y es lo que defendemos los socialistas para toda España”. Así de contundente se mostró Amparo Valcarce, portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, en el cara a cara que mantuvo en MAGISTERIO la semana pasada con Eugenio Nasarre, coordinador de Participación del PP. Prueba de ello es que el pasado viernes, el gobierno de Castilla-La Mancha publicó un decreto de admisión de alumnos que, como en Cataluña, ha suscitado las protestas de la escuela concertada.
Autor: J. M. de MOYA
Ya anunció el propio Zapatero la semana pasada que, si gana las elecciones, aprobará en su primer mes de Gobierno “un plan extraordinario de apoyo a la Educación pública” y que para ello hará “un esfuerzo de inversión para que esos sectores [personas de clase media] vuelvan a llevar a sus hijos a la escuela pública con garantías”. Sin embargo, parece que ese esfuerzo por reflotar la escuela pública también pasa por modificar el sistema de matriculación de alumnos. Un sistema que, a juicio de expertos consultados por este periódico, vulnera frontalmente el derecho a la libre elección de centro por parte de las familias que reconoce la Constitución. Se trata del mismo procedimiento de matriculación de alumnos que el Gobierno tripartito de Cataluña hizo público hace escasamente un mes y que la semana pasada ha adoptado el gobierno de Castilla-La Mancha. A grandes rasgos, el modelo pretende que el proceso de admisión de alumnos se centralice desde la Administración mediante unas oficinas municipales de escolarización. Además, se suprime el concierto a aquellos centros que ofrezcan Educación separada por sexos. Y finalmente, a la hora de optar por una plaza, se prioriza el factor de cercanía del domicilio al centro. Cómo funciona Con la entrada en vigor del nuevo Decreto, los centros ya no organizarán procesos de admisión, sino que esta responsabilidad recaerá en un Consejo Local de Escolarización creado al efecto. Éste recibirá las solicitudes de los padres, a los cuales se ahorrará gran parte de los engorros burocráticos ya que el Consejo recabará los datos directamente del censo del municipio y otros organismos para otorgar puntos a las solicitudes. De esta manera se evitará que las familias caigan en la tentación de falsear algunos datos para obtener una puntuación más alta en el baremo. Precisamente, otra de las novedades del Decreto es que se dará más importancia en dicho baremo a la cercanía del alumno al centro (contará el 50% de la puntuación total) y se rebajará el peso específico de la situación económica familiar. Una vez finalizada la recepción y baremación de las solicitudes, el Consejo se encargará de distribuir a los alumnos en los centros públicos y concertados de la localidad. Fuentes de la Consejería aseguran que con este nuevo modelo se evitará que los centros concertados rechacen a alumnos con necesidades educativas especiales. La cruz de la moneda Sin embargo, según expertos jurídicos consultados por este periódico, la centralización de los procesos de admisión en oficinas municipales “va en contra del derecho de los padres a ser informados y contra el derecho de los centros de informar de modo fehaciente y completo de su carácter propio, y a gestionar el proceso de admisión de alumnos. Los padres y el centro tienen derecho a que no se escatime esa información y a que se considere su relación como un libre convenio mutuo y no como un mero acto administrativo”. De igual modo que ocurriera en Cataluña –con la diferencia de que en aquella región representan el 50% de la oferta educativa, mientras que en Castilla-La Mancha apenas llegan al 20%– la escuela concertada manchega ya ha amenazado con recurrir el citado decreto de admisión de alumnos y su orden correspondiente (publicamos extracto de ambos en las páginas de Normativa). Según un dictamen emitido por la CECE, “la Orden proyectada invade competencias de centros y familias ya que irrumpe en el proceso de asignación de puesto escolar, impidiendo la libre elección de centro por los padres e incumple la obligación de la Administración de garantizar y no suplantar las competencias de los centros y de las familias”, entre otras razones. Representantes de la escuela concertada manchega intentaron en vano frenar la publicación del citado decreto. Buscaron la mediación del arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, que, a través de José Bono, procuró in extremis un encuentro entre la concertada y el consejero de Educación, José Valverde. Finalmente, el decreto se publicó sin apenas cambios el pasado viernes, 5 de marzo. El mismo lunes 8, el arzobispo, en una carta a los medios, denunció la amenaza que suponía dicho decreto a “las libertades y derechos de los padres y de los alumnos”, sin querer entrar en más polémica antes del 14-M. Y es que desde la consejería de Educación de Castilla-La Mancha las cosas se ven de un modo muy distinto. Según manifestó Valverde en rueda de prensa, este texto legal persigue simplificar los trámites que han de seguir los ciudadanos y, además, garantizar la justicia en la elección de centro y en la igualdad de los alumnos a la hora de escoger plaza en un centro, tanto público como concertado. De hecho, la aprobación de este Decreto, tal y como explicóValverde, “viene derivada de la necesidad de adaptar el proceso de admisión a los requerimientos de la Ley de Calidad (LOCE). Es, además, una oportunidad que el Gobierno socialista no quiere dejar pasar para establecer lo que, a nuestro juicio, es un sistema más justo”. Sobre todo esto último, ya que esa adaptación a la LOCE nada tiene que ver con el decreto de admisión de alumnos que ha preparado el propio Ministerio para Ceuta y Melilla y que será llevado al Consejo Escolar del Estado esta semana. Sea como sea, parece claro que éste es el modelo que el PSOE quiere para las comunidades donde gobierna y para el resto del Estado si el 14-M le fuera favorable.
EN CASTILLA-LA MANCHA
Sentencia 533 ( 10-11-2004)
Recurso frente disposición Decreto 22/2004 de 2 de Marzo , de admisión de alumnado en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha.
Queda claro éste tema: “……..en los centros privados concertados , el titular de cada centro es el responsable de llevar a cabo el proceso de admisión de alumnos y una vez terminado dicho proceso , dará información , al Consejo escolar , con el fin de que éste órgano de participación tenga ocasión de verificar el cumplimiento de la normativa vidente……”
“ Con la entrada en vigor del nuevo Decreto, los centros ya no organizarán procesos de admisión, sino que ésta responsabilidad recaerá en un Consejo Local de escolarización creado al efecto……”
Artículo 84 de la LOE: Admisión de alumnos
1985 Tribunal Supremo se pronunció sobre el criterio de zonificación que algunos pretendían aplicar en el momento de decidir si un centro escolar debía recibir financiación pública.
Tribunal afirmó que la aplicación del criterio de zonificación “ vulnera el derecho fundamental de libertad de enseñanza , consagrado en el artículo 27…….”
Tribunales de Justicia se han visto obligados a pronunciarse sobre el posible ámbito de gestión de comisiones de escolarización.
LA DOCTRINA EXPUESTA ES DIÁFANA
“La escuela concertada es coyuntural: no es nuestro modelo”
Entrevista en exclusiva para MAGISTERIO con Cándida Martínez, coordinadora del programa de Educación del PSOE.
¿Quién dijo que la Logse estaba superada? Hay modelos educativos más a la izquierda y podemos encontrarlos no muy lejos, en el propio PSOE. Cándida Martínez, consejera andaluza de Educación, ha recibido el encargo de José Luis Rodríguez Zapatero de coordinar el programa educativo con el que se presentará a las próximas elecciones de marzo. Esta andaluza, considerada por muchos como la ortodoxia del pensamiento socialista sobre Educación, no se muerde la lengua –no esconde su apuesta absoluta por la escuela pública o su resistencia a concertar la Educación Infantil– aunque es consciente de que muchos de sus planteamientos son defendibles sólo en Andalucía porque en el resto del Estado caerían como una bomba. Tal vez por eso, titubea en varias fases de la entrevista.
—Me dicen que está preparando el programa educativo del Partido Socialista para las Generales, ¿es así?
—Bueno, estoy coordinando la elaboración del programa en el que están participando casi un centenar de personas de todas las comunidades. El trabajo está a punto de concluir.
—¿Qué harán con la Ley de Calidad si gobiernan en marzo?
—El debate no es si eliminar o no la Ley de Calidad, aunque desde luego hay partes de la Ley que no podrían continuar como están: lo relativo a la segregación temprana o a la menor participación de la comunidad educativa. En fin, pondríamos los medios para que determinados aspectos no se pusieran en marcha.
—¿Derogarán esta Ley o elaborarán otra?
—Lo de menos es si hay que elaborar otra ley o veinte decretos, lo importante es saber qué modelo educativo queremos y qué modelo de sociedad. Lo que nosotros vamos a poner encima de la mesa es un modelo de calidad pero que llegue a todos, que trace estrategias de igualdad.
—En concreto, ¿qué partes de la Ley no aplicarían?
—Por ejemplo, todo lo relativo a los itinerarios. Ya sabe que somos muy críticos por lo que conllevan de segregación en una edad muy temprana en la que los chavales no tienen la formación necesaria para tomar opciones. Tampoco aceptaríamos lo relativo a los consejos escolares y a su menor participación en la vida del centro.
—¿Es que no les gusta que la Administración tenga más peso en el nombramiento del director?
—En efecto, todo eso no nos gusta. Pero vamos más en la línea de que el consejo escolar tenga muchísima más capacidad de decidir, también sobre temas de dirección. Y esto no implica que no hay que reforzar la figura del director y dotarle de mejores instrumentos. Más democracia en los centros debe implicar más eficacia en la gestión. Hay que aunar el refuerzo de la dirección con la participación activa y responsable del conjunto de la comunidad educativa.
—La Ley también abre la puerta a que se concierte la Educación Infantil, ¿qué harían ustedes en el caso de gobernar?
—Bueno... [titubea]. Nosotros hacemos una apuesta clara por la escuela pública, por una escuela plural y laica, porque entendemos que la escuela pública es la que realmente asegura los principios a los que antes me refería. Sin embargo, es cierto que en tiempos de la Constitución se llegó a acuerdos y se pensó que determinados centros pudieran estar concertados. Desde entonces, nosotros hemos sido muy respetuosos con la concertada pero sabiendo, eso sí, que la nuestra es una apuesta por la escuela pública. Por cierto, también nos preocupa que estos centros concertados, sostenidos con fondos públicos, puedan hacer de forma sutil –o no tan sutil– selección de su alumnado. —En concreto, ¿Andalucía concertará la Infantil? —Nosotros hemos publicado una Orden de conciertos de Infantil pero, qué duda cabe, no tenemos presupuesto. Estamos esperando que el gobierno central ponga los fondos necesarios... —...si no llegara el dinero, ¿habría conciertos? —Mire, no tenemos dinero. Por otra parte, la Ley de lo que habla es de garantizar la gratuidad de la Infantil y en Andalucía estamos ya en torno al 80 por ciento de gratuidad.
—Vamos que pretenden garantizar la gratuidad sin necesidad de concertar...
—Esa es una posibilidad. Se puede concertar o no, que duda cabe. Y nosotros estamos por garantizar la gratuidad de la Educación Infantil ofreciendo plazas en la escuela pública.
—Sí, porque lo de la falta de recursos suena un poco a excusa cuando hay comunidades que tiene concertada toda la Infantil desde hace años...
—Nosotros nunca hemos negado que la nuestra es una apuesta por la escuela pública porque es la que mejor asegura el modelo de igualdad que defendemos. Nosotros respetamos el acuerdo que se produjo en un momento histórico de la sociedad española sobre la enseñanza privada, pero eso no quiere decir que ése sea el modelo que se deba implantar. Desde nuestro punto de vista, desde luego no.
—Nos consta que en el seno de su partido hay quien no ve las cosas de un modo, digamos, tan escorado...
—A mí no me parece escorada. Por otra parte, no veo mal que pueda haber un rico debate y que la gente manifieste sus puntos de vista. Nunca me ha gustado el pensamiento único. Pero déjeme que le diga otra cosa. Ahora que hablamos tanto de convergencia con Europa, ¿ha echado usted un vistazo a Europa y a la situación de los conciertos? ¿cómo es la Educación de los países más activos y dinámicos? ¿dónde se forma la ciudadanía de esos países? Pues bien, lo que hay es un modelo predominante de escuela pública junto con unos pocos centros privados.
—O sea, que la enseñanza concertada es un modelo a extinguir...
—Simplemente, no quiero darle gran importancia porque sé –como historiadora que soy– que la escuela concertada es fruto de un acuerdo, de un pacto... es coyuntural. Entiendo que ese pacto hay que mantenerlo ahora pero no me parece que sea el modelo más adecuado y tampoco es el modelo de las sociedades más avanzadas.
—Visto, otro tema. Ahora que termina la legislatura, ¿por qué tantos desencuentros con el Ministerio?
—El Ministerio ha sido un gran muro contra el que han chocado siempre nuestros criterios y nuestro intento de diálogo... Pues no sólo eso, encima de imponernos un modelo nos dicen que no hay financiación.
—Sin embargo, consejeros del PP dicen que la financiación, siendo importante, no es lo esencial. Dicen que la cuestión es si se comparte o no el modelo que propone la LOCE...
—No estamos hablando ahora de si yo tengo o no voluntad política de acatar la Ley. Estamos hablando de que el gobierno central tiene una serie de obligaciones y entre ellas está la de elaborar una Memoria económica que acompañe a la Ley. Y esto no se ha hecho. Si luego hay una comunidad que no necesita el dinero porque ya ha anticipado algunas de las medidas que impone la LOCE, pues muy bien...
—...habría que compensar a esas comunidades, ¿no?
—Estas cosas se solucionan negociando. A lo mejor resulta que esas comunidades que han anticipado la Ley de Calidad, tienen déficit en sus universidades o van retrasadas en el plan de informatización de colegios... Las NNTT se llaman “Guadalinex”
—Tengo entendido que Andalucía seguirá la estela de Extremadura en su apuesta por la nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza...
—Ya hemos comenzado este curso con esa incorporación de la escuela a la sociedad de la información. Este año se han abierto 50 centros con un ordenador cada dos alumnos. No hemos elegido nosotros a los centros sino que sacamos una convocatoria pública para que sean los centros los que presentaran un proyecto educativo, porque lo importante es que sirva para cambiar el sistema de enseñanza-aprendizaje.
—¿En qué consiste ese cambio?
—Lo importante es que tanto alumnado como profesorado puedan acceder a la información de un modo más acorde a la sociedad de la información en la que nos encontramos. Si no propiciamos este cambio los centros educativos se van a quedar obsoletos y van a estar trabajando con unos sistemas más propios de sociedades del pasado que de la actual.
—¿Y en cuanto a redes?
—También hemos seleccionado 50 centros, que llamamos “digitales”, que disponen de un sistema de red abierto entre la escuela y la familia, para que todo lo relativo a teletramitación, tutoría, consultas... pueda hacerse a través de internet o incluso mediante el móvil.
—¿Han basado su sistema en software libre?
—En efecto, hemos creado un programa específico que se llama “Guadalinex” que es una adaptación del Linex que desarrollaron en Extremadura.
—Tengo entendido que la incorporación de las nuevas tecnologías al aula será una de las propuestas estrella del PSOE en materia educativa para las Elecciones de marzo, ¿es así?
—Todo lo relativo a la sociedad de la información lo vamos a incorporar. De hecho, tanto Extremadura como nosotros que hemos sido pioneros en una experiencia que no es poner ordenadores sino que es mucho más.
